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Alembert Vera ratifica informe que pide investigar a la fiscal Diana Salazar

Alembert Vera ratifica informe que pide investigar a la fiscal Diana Salazar
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera, justificó este martes 4 de julio del 2023 la aprobación del informe en el que se solicita investigar a la fiscal General, Diana Salazar. El presidente Guillermo Lasso respalda a la funcionaria.
Las acusaciones entre el Cpccs y la Fiscal continúan. Un nuevo cruce de señalamientos ocurrió a raíz del informe que fue aprobado por el Pleno del Cpccs el pasado jueves 29 de junio.
“La base del informe que fue aprobado por el Consejo proviene de una investigación realizada por la Secretaría de Transparencia, que tiene como origen una denuncia ciudadana. No significa que el Consejo de Participación, de oficio, haya iniciado ninguna acción en contra de nadie”, dijo Vera.
Quien fue el exabogado de Rafael Correa sostuvo que a esa denuncia ciudadana, hecha por Acción Jurídica Popular sobre un supuesto plagio en la tesis de Salazar, se suman otros supuestos delitos, tras la revisión de información generada por otras instituciones públicas. Vera mencionó que la propia Fiscalía envió información sobre la “mutación” de los ingresos y escalafón de uno de sus funcionarios, Diego Ramiro Rodríguez Villamarín. “En el informe se ha determinado la posibilidad de la existencia de indicios de la realización de otros delitos como tráfico de influencias. Sugeriría también el uso doloso de documento falso y fraude procesal ”, manifestó. Según Vera, Rodríguez es, aparentemente, una de las personas a las cuales se plagió su trabajo académico. Él habría recibido “ciertas promociones ” y trabaja en la Fiscalía. Frente a las críticas, Vera defendió que el informe de la Secretaría fue elaborado por personal del Consejo de Participación, quienes llevan más de 10 años en la institución y que no son correístas. En el informe, se recomendó notificar con la solicitud de investigación contra Salazar a varias instituciones, incluyendo a la Fiscalía a través de su subrogante. El Ministerio Público es el competente para determinar si existe o no delito y qué tipo de delito, puntualizó Vera. A las otras entidades se remitió la notificación para que determinen si existió alguna responsabilidad administrativa. El Cpccs envió la notificación a la Controlaría, a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ( Senescyt ), al presidente del Consejo de Educación Superior ( CES ), a la Universidad Central del Ecuador ( UCE ) y a la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato. También al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a la Corte Constitucional, a los denunciantes, al representante legal de la Asamblea Nacional que continua en funcione tras la disolución. Además, anunció que se enviarán a dos instancias internacionales. Vera señaló que será atribución de la nueva Asamblea si decide destituir a la Fiscal mediante un juicio político, pero las competencias del Cpccs únicamente llegan hasta la notificación a las autoridades de control. Quien fue el defensor el expresidente Correa asegura que “nada tiene que ver la decisión del Consejo Universitario (de la Universidad Central) respecto al presunto plagio” sobre las competencias del Cpccs y calificó de absurdo que esa instancia haya alegado “impericia” y no un plagio al desestimar la denuncia ciudadana.   Vera confirmó la aprobación de ese informe la tarde del 3 de julio en un video. Horas más tarde la Fiscal reaccionó mediante un comunicado. Dijo que se trataría de otro intento de tomarse la Fiscalía General del Estado. “Hoy reviven el mensaje: No van a parar con sus intentos de buscar impunidad por medio de una institución que es liderada por el abogado defensor de un sentenciado por un delito contra la Administración Pública y ahora prófugo", argumentó respecto a Vera y el exmandatario Correa. Para la Fiscal, la denuncia del Cpccs se basa “en un desvarío del supuesto colectivo jurídico - conformado por defensores de un abusador sexual- que ya fue desestimado” por la Universidad Central. Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, es una de las personas que respalda la denuncia del colectivo. En respuesta, Vera resaltó que el Consejo de Participación no puede generar destituciones a ninguna autoridad. Lasso manifestó este 4 de julio su respaldo a la institucionalidad. Salazar “es una Fiscal nombrada legalmente, tiene un periodo hasta el año 2025 y ese periodo debe cumplirse. El Gobierno respaldará la señora Fiscal de la Nación en las acciones que deba tomar al respecto”, expresó el Primer Mandatario.