Los habitantes de la parroquia Calacalí vivirán semanas de un constante ambiente electoral no solo por la segunda vuelta presidencial, sino porque el 8 de octubre se repetirán las votaciones de los cinco vocales de su junta parroquial de entre 25 candidatos calificados.

En esta parroquia, ubicada en el noroccidente de Quito (Pichincha), se produjo un hecho inédito: por primera vez ganó el voto nulo en los pasados comicios seccionales del 5 de febrero, en la dignidad de vocales de la junta parroquial.

Los resultados del escrutinio arrojaron 1.882 votos nulos (48,51 %) y 1.806 votos válidos (46,62 %), de acuerdo con lo proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pedidos para comparecer como afectados y unos seis amicus curiae ingresaron a la Corte Constitucional (CC), dentro de la fase de seguimiento al cumplimiento de un dictamen interpretativo de mayo del 2019 que se inició a los siete vocales del actual pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en los que el eje del debate se concentra en la procedencia de una posible destitución de los observados.

Este lunes, 25 de septiembre, desde las 10:00, está prevista la instalación de una audiencia pública virtual, a la que convocó la Corte Constitucional para escuchar elementos de cargo y descargo de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, al activarse la fase de seguimiento del dictamen interpretativo 2-19-IC/19 para «verificar si las conductas de los sujetos individualizados por acción u omisión, de forma directa o indirecta o por aquiescencia, podrían estar encaminadas a contravenirlo».

Esto se debe a que el Consejo de Participación convocó a integrar una veeduría ciudadana para «diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio».

En medio de la visita oficial a Estados Unidos, el presidente Guillermo Lasso se refirió a la situación de inseguridad que aqueja a Ecuador, entre otros temas. Atribuyó que gran parte de la violencia se debe a los enfrentamientos entre bandas.

Lasso abordó el tema durante una entrevista con el medio estadounidense Voz de América, realizada el 22 de septiembre.

El periodista Jorge Agobian consultó la opinión del presidente sobre las imágenes que circularon a escala mundial tras el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, las cuales proyectaron el estado de inseguridad que vive Ecuador.

Este lunes está prevista la instalación de una audiencia pública en la que los jueces de la Corte Constitucional escucharán los elementos de descargo de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que será el último insumo que recabará el organismo para formar un criterio e individualizar responsabilidades de llegar a determinar un incumplimiento de un dictamen interpretativo de mayo del 2019.

Al menos tres escenarios se configurarían, entre ellos, en el ámbito de las medidas de reparación y hasta una posible destitución de los interpelados, que llevan apenas cuatro meses en funciones.

“Esa información nos permite, a posterior, contrastar con la información que nos presentan los responsables del manejo económico (de las organizaciones políticas), físicamente, en su contabilidad”, detalló la directora.

La campaña electoral de la segunda vuelta durará 19 días, empezó el domingo 24 de septiembre y terminará el jueves 12 de octubre. La promoción de los candidatos a la Presidencia de la República, Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (lista 5), y Daniel Noboa, de la alianza ADN (listas 4-35), será vigilada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Del monitoreo se ocupará un equipo de alrededor de 70 funcionarios, indicó Geovanna Guano, directora nacional de Fiscalización del CNE.

Guano explicó que la fiscalización se activa a partir de la convocatoria a elecciones, se ejecutan dos mecanismos de control. Por un lado, se realiza una vigilancia en las vías, a cargo de funcionarios de las delegaciones electorales provinciales, quienes recorren lugares de acuerdo con una planificación mensual. Verifican las evidencias que van determinándose en vías, toman fotografías y suben a una plataforma propia del CNE que recoge los datos levantados en los recorridos.

“Esa información nos permite, a posterior, contrastar con la información que nos presentan los responsables del manejo económico (de las organizaciones políticas), físicamente, en su contabilidad”, detalló la directora.

El empresario guayaquileño Roberto Cortés Ripalda se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico. El proceso dado ante una Corte de Nueva York, Estados Unidos, es parte del caso Biscayne Capital, en el que se lo investigaba, junto con otras dos personas, de una supuesta millonaria piramidación y de lavado de activos.

Según documentos judiciales, en 2005, Cortés Ripalda, de 56 años, de Key Biscayne, fundó la empresa de servicios financieros Biscayne Capital. Aproximadamente entre 2013 y 2018, Cortés y otros habrían orquestado un plan para defraudar a los clientes de Biscayne Capital a través de una serie de mentiras sobre cómo la empresa usaría los fondos de los clientes.

Por ejemplo, Cortés y sus cómplices habrían dicho a sus clientes que sus inversiones financiarían el desarrollo de proyectos inmobiliarios, cuando en realidad los implicados utilizaron el dinero para pagar a otros clientes de Biscayne Capital, cubrir gastos de Biscayne Capital y pagar ellos mismos millones de dólares. Las autoridades estadounidenses sostienen que Cortés y sus cómplices también invirtieron el dinero de los clientes sin su conocimiento y luego intentaron cubrir sus huellas proporcionando a los inversores estados de cuenta fraudulentos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó de que fue notificada por el Consejo de la Judicatura (CJ) con disposiciones jurisdiccionales que determina que la institución debe pagar alrededor de $ 1,3 millones por concepto de reparaciones económicas.

El Ministerio Público dio a conocer la novedad la noche del viernes 22 de septiembre mediante un comunicado. Explicó que las notificaciones de la Judicatura llegaron en menos de tres semanas e incluyen “multas compulsivas y la aplicación de medidas coercitivas”, las cuales fueron emitidas por jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo (Manabí).

“Es necesario precisar que, en los procesos judiciales en los cuales se han emitido estas providencias, la Fiscalía General del Estado no ha sido parte procesal, pues dichas reparaciones se generaron por acciones u omisiones del mismo Consejo de la Judicatura, en procesos disciplinarios a través de los cuales se destituyó a agentes fiscales”, apuntó la entidad que dirige la fiscal general, Diana Salazar.

La Corporación Participación Ciudadana (PC) contempla nuevamente realizar observación electoral cualitativa que contará con el apoyo de más de 600 voluntarios para hacer cuatro tipos de monitoreo: de violencia política, del uso de recursos públicos, de franjas electorales y de temáticas abordadas por los candidatos en sus discursos, por la segunda vuelta electoral del 15 de octubre.

En un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la directora de la organización, Ruth Hidalgo, mencionó que a propósito del inicio de la campaña proselitista de los candidatos Daniel Noboa, de la alianza ADN, listas 4-35, y Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, PC arrancará también con la observación en diez ciudades del país.

“Este domingo 24 de septiembre se inicia la campaña electoral para la segunda vuelta. En esta ocasión, Participación Ciudadana, nuevamente, fiel a nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia, vamos a llevar adelante nuestros cuatro monitoreos. Además, nuevamente realizaremos la observación electoral cualitativa, que contará con más de 600 voluntarios apostados en 10 ciudades alrededor del país. Como siempre Participación Ciudadana estará lista para entregar información imparcial”, subrayó.