La llamada chiva electoral es una unidad móvil que recorrerá 36 sectores, entre barrios y parroquias, del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) para fomentar el voto informado en los jóvenes. Esta iniciativa es promocionada por la campaña “Yo decido ahora” que lleva la Fundación Esquel junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propósito de las elecciones presidenciales del 15 de octubre.

Esperan llegar a unas 1.500 personas para brindar material didáctico que proporcione elementos y herramientas para realizar un voto consciente y generar espacios de diálogo y reflexión sobre las propuestas de los candidatos.

La chiva electoral empezó a circular el pasado 15 de septiembre y terminará sus actividades este fin de semana. Cada día la unidad opera por doce horas, desde las 07:00 hasta las 19:00, y en cada sector se mantiene por aproximadamente dos horas.

Los cinco primeros días de la gira que realiza a Estados Unidos el presidente Guillermo Lasso y la comitiva oficial que lo acompaña estuvieron marcados por su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), encuentros de alto nivel con autoridades de varios países y representantes de organismos internacionales, para abordar temas relacionados con seguridad, comercio, inversiones, democracia, medioambiente, desnutrición infantil, cooperación internacional, entre otros.

Entre el 18 y 22 de septiembre, la agenda se desarrolló en la ciudad de Nueva York. El primer día se realizaron reuniones bilaterales con los cancilleres de Croacia, Grecia, Luxemburgo y con el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría. En otro espacio se discutió sobre el canje de deuda por conservación de Galápagos.

Ese día el presidente ecuatoriano recibió el reconocimiento Champion of Freedom Award por parte del Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad de Florida. Aquí dialogó con el Consejo Empresarial por Iberoamérica (Ceapi) sobre las perspectivas económicas de Ecuador y la región, y los desafíos de crecimiento.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa para analizar la presunción de hechos irregulares en las actuaciones de la comisión ciudadana de selección que organiza el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado.

El organismo habría abierto el proceso investigativo por el cometimiento del delito de presunto fraude procesal, en el que uno de los observados sería el presidente de la comisión, Marco Chalco, y como parte de las diligencias se había solicitado información de los otros comisionados, Carmen Atupaña, Melisa Cabrera, Janeth Ojeda y Lenin Uquillas, que representan a la ‘ciudadanía’.

Los otros cinco son delegados de las funciones del Estado, entre los que están Raúl Guaña, de la función de Transparencia; Maribel Baldeón, de la Electoral; Eugenia García, de la Judicial; Jhossueth Almeida, de la Ejecutiva; y, Nary Galarza, que representa a la cesada Asamblea Nacional.

La consejera detalló que Alembert Vera, presidente del CPCCS, envió a la CC un informe distinto al original que aprobó su mayoría en el CPCCS, sobre su pretensión de afectar la designación de la fiscal general, blindada por el dictamen Interpretativo 2-19-IC-19, “ con la intención de tratar de evadir su responsabilidad ante la Corte ”.

“Desde que la Corte Constitucional decidió que, por parte de los consejeros, enviemos la información necesaria para saber las acciones que se han venido haciendo por parte del Consejo, o han tratado de hacerse en contra del dictamen 2-19 de la Corte Constitucional... con el consejero (Andrés) Fantoni, hemos recabado información; hemos visto la información que se ha subido a la Corte Constitucional y nos hemos percatado de algunas situaciones ”, indicó Calvache en una entrevista a Radio Sucesos.

Mishelle Calvache, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), anunció la noche de este viernes que presentará una denuncia por una aparente adulteración de un documento público que se envió a la Corte Constitucional (CC).

La consejera detalló que Alembert Vera, presidente del CPCCS, envió a la CC un informe distinto al original que aprobó su mayoría en el CPCCS, sobre su pretensión de afectar la designación de la fiscal general, blindada por el dictamen Interpretativo 2-19-IC-19, “ con la intención de tratar de evadir su responsabilidad ante la Corte ”.

“Desde que la Corte Constitucional decidió que, por parte de los consejeros, enviemos la información necesaria para saber las acciones que se han venido haciendo por parte del Consejo, o han tratado de hacerse en contra del dictamen 2-19 de la Corte Constitucional... con el consejero (Andrés) Fantoni, hemos recabado información; hemos visto la información que se ha subido a la Corte Constitucional y nos hemos percatado de algunas situaciones ”, indicó Calvache en una entrevista a Radio Sucesos.

El presidente Guillermo Lasso sorprendió con declaraciones respecto a sus ideas de normalizar las relaciones bilaterales entre Ecuador y Venezuela. Lo dijo durante una entrevista mantenida el viernes 22 de septiembre en Nueva York con el medio Voz de América. El mandatario se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una agenda oficial a propósito de su participación en la 78.ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Más allá del próximo gobernante lo que yo siempre pensé es que en bien del pueblo venezolano y del pueblo ecuatoriano, que son pueblos hermanos, debería restablecerse esa situación. El tiempo no me dio espacio para lograrlo. Yo creo que lo más sano es normalizar relaciones (con Venezuela) en homenaje a los pueblos de Venezuela y de Ecuador ”, expresó brevemente Lasso.

En abril pasado, en Buenos Aires, durante un encuentro con el presidente argentino Alberto Fernández, Guillermo Lasso comentó que en ese momento el Gobierno no estaba listo para tomar una decisión respecto a la situación con Venezuela; que sería un tema para “analizar”.

La Fiscalía General del Estado avanza con la toma de versiones y diligencias tras la denuncia por presunto delito de prevaricato que se planteó en contra del juez de Montecristi (Manabí) Leiver Quimis Sornoza, quien ordenó la conformación de una veeduría ciudadana para que evalúe la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC).

Leiver Quimis expidió el 29 de agosto de 2023 una sentencia en la que aceptó una acción de protección impulsada por una persona identificada como Betty Moreira Marcillo para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) integre una veeduría ciudadana para “diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS transitorio, sobre la base de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular de 2018″.

El delegado provincial de Manabí de la Procuraduría General del Estado, Marconi Cedeño, lo denunció por presunto prevaricato, debido a que está vigente un dictamen interpretativo de mayo del 2019 que protegió las actuaciones del Consejo de Transición, que presidió Julio César Trujillo (+).

El monto total al que ascienda el gasto electoral privado que realicen los candidatos presidenciales Daniel Noboa, de la Alianza Democrática Nacional (ADN), listas 4-35, y Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), lista 5, en esta segunda vuelta se conocerá hasta 90 días después de la votación del próximo 15 de octubre, según lo establece el Código de la Democracia en su artículo 230.

El límite del gasto electoral privado -o sea el que se financia con recursos propios, de sus partidos y otros aportantes- para el balotaje se fijó en $ 2152.007,52, el valor corresponde al 40 % del límite de gasto electoral de la primera vuelta, que fue de $ 5,3 millones. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), los recursos podrán ser usados por las organizaciones políticas para actividades de promoción, que no impliquen contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.

En la norma electoral se menciona que los responsables del movimiento económico de la campaña, con intervención de un contador público autorizado, liquidarán los valores correspondientes a ingresos y egresos de la campaña electoral presentando para ello un balance consolidado. En el artículo 211, numeral 1, se establece que “el control de gasto se ejecutará y reportará en lapsos continuos de máximo quince días, hasta finalizado el proceso electoral”.