A partir de las 19:00 del domingo 15 de octubre se conocerían los resultados de la segunda vuelta presidencial, según las estimaciones de los técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ese día se enfrentarán en el balotaje los aspirantes a la Presidencia de la República Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional, ADN, listas 4-35.

Luis Bonifaz, coordinador de los Procesos Logísticos del CNE, indicó que los primeros datos oficiales empezarían a aparecer en el sistema informático a partir de las 19:00 o antes, todo depende de la celeridad con la que las mesas electorales cuenten los votos. A esa hora se tendría, aproximadamente, un 50 % de la información de las actas, calculó.

A tres días de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías retomó sus funciones en la Sala Penal, la defensa de Natalia Cárdenas, una de las once personas sentenciadas por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres, pide que el magistrado se inhiba o excuse de seguir con el caso por una supuesta manifiesta enemistad y odio personal contra todos los acusados en esta causa.

El pasado 18 de septiembre, Macías retornó al CNJ, luego de que la jueza de Pichincha Martha Vimos aceptó una acción de protección y dejó sin efecto la resolución del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) con la que se lo destituyó del cargo de juez nacional. Para Vimos, en este caso existió la vulneración de derechos, entre ellos el principio de participación ciudadana, el debido proceso, a la seguridad jurídica y a la falta de motivación.

En una sesión extraordinaria dada el 19 de agosto último, y con solo los votos a favor del presidente del CJ, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz, se separó del cargo a Macías. A él se lo responsabilizaba de supuestamente haber incurrido en una infracción disciplinaria al haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023 encontrándose suspendida su competencia para resolver dentro del caso Las Torres.

En un consejo directivo nacional, el partido Izquierda Democrática (ID) definiría su posición política frente a las elecciones de la segunda vuelta de presidente de la República, que se llevarán a cabo el próximo 15 de octubre.

Para el próximo 15 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a las votaciones de la segunda vuelta presidencial en la que compiten los candidatos Daniel Noboa Azín, cobijado por la alianza ADN (listas 4-35), y Luisa González Alcívar, impulsada por el movimiento Revolución Ciudadana (RC, lista 5).

La presidenta del conocido “partido naranja”, Analía Ledesma, aclaró que por el momento sus bases trabajarán en el fortalecimiento interno, pero que una definición se tomaría en un consejo directivo nacional con los presidentes de las directivas provinciales, del que no mencionó una fecha.

A la alerta sobre la activación de una campaña que tiene como objetivo menoscabar la imagen de la fiscal general, Diana Salazar, se suma el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. La respuesta del titular del máximo órgano de justicia ordinaria del país llega ante la reciente publicación del medio argentino Página 12.

Saquicela destaca que días atrás la Fiscalía General del Estado, por medio de un comunicado, ya había advertido de una campaña de desprestigio “a través del montaje de audios y videos creados utilizando inteligencia artificial”. El titular de la CNJ sostiene que ha empezado una campaña de desprestigio que busca la impunidad y sacarlos a él y Diana Salazar del cargo, al no haberlo permitido en la aplicación del derecho.

“ No es coincidencia que el supuesto audio sea mencionado justo cuando el juez nacional Walter Macías convocó a audiencia a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) por el presunto delito de tráfico de influencias, y cuando estamos a días de elegir al nuevo presidente de la República. Por lo demás, las actuaciones de Iván Saquicela y los demás jueces que conocieron el caso Sobornos fueron ratificadas en segunda instancia y casación, y ahí constan las razones fácticas, probatorias y jurídicas de la resolución de condena”, sostuvo Saquicela.

A menos de un mes de la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar en Ecuador el domingo 15 de octubre, más de 13 millones de ecuatorianos se preparan para elegir a un nuevo presidente de la República. Del total de electores, el 30 % son adolescentes a partir de 16 años y jóvenes de hasta 29 años.

A ese porcentaje es al que apuntan los candidatos Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (lista 5), y Daniel Noboa, de la Alianza Democrática Nacional (ADN, listas 4-35), para ganar votos para sus partidos. Pero ¿conocen realmente lo que esperan los jóvenes del futuro presidente?

“ El joven no es que esté desentendido, despreocupado. Busca a una persona que sepa de qué habla ”, considera Gabriela Baquerizo, directora del grupo de investigación Comunicación, Política y Liderazgo en Contextos Sociales y Digitales Latinoamericanos.

Se trata del instrumento internacional jurídicamente vinculante bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de las áreas fuera de la jurisdicción nacional, explicó la Cancillería en un comunicado.

Dicho instrumento es uno de los mayores hitos del multilateralismo ambiental. El objetivo del Acuerdo BBNJ es asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de los océanos mediante mayor cooperación internacional, respeto y no menoscabo de los instrumentos y marcos globales y regionales existentes, y la puesta en práctica del principio de patrimonio común de la humanidad, entre otros.

El canciller Gustavo Manrique suscribió, a nombre de Ecuador, el Acuerdo BBNJ (por sus siglas en inglés) o también conocido como Tratado de la Alta Mar. El funcionario realizó el acto el jueves 21 de septiembre, en el marco de la la semana de alto nivel de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Se trata del instrumento internacional jurídicamente vinculante bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de las áreas fuera de la jurisdicción nacional, explicó la Cancillería en un comunicado.

Dicho instrumento es uno de los mayores hitos del multilateralismo ambiental. El objetivo del Acuerdo BBNJ es asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de los océanos mediante mayor cooperación internacional, respeto y no menoscabo de los instrumentos y marcos globales y regionales existentes, y la puesta en práctica del principio de patrimonio común de la humanidad, entre otros.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS ), Alembert Vera, consultó a la Procuraduría General del Estado si podía designar autoridades encargadas en la Contraloría General del Estado, en la Defensoría Pública y en la Defensoría del Pueblo, hasta que se designe a los titulares en los concursos públicos que están en proceso.

En agosto de 2023, Alembert Vera dirigió una absolución de consulta a la Procuraduría General del Estado para que «reconsidere» pronunciamientos anteriores respecto de que el Consejo de Participación Ciudadana pueda designar autoridades subrogantes y encargadas en la Contraloría y las defensorías del Pueblo y Pública.

Actualmente, estas tres instituciones se encuentran presididas por funcionarios encargados hasta que se designe a sus titulares mediante concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana que los hacen las comisiones ciudadanas de selección, que no avanzan por problemas administrativos y fallos judiciales de acciones de protección.