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En la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio se analiza la relación del fallecido ‘sicario’ con los nuevos vinculados

En la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio se analiza la relación del fallecido ‘sicario’ con los nuevos vinculados
Entre las entrevistas, seguimientos y vigilancias, interceptaciones telefónicas, pericias de secuencia de imágenes, análisis de telefonía, barrido de cámaras... presentados como elementos de convicción para vincular a los siete últimos sospechosos de participar en el asesinato del candidato a la Presidencia de la República Fernando Villavicencio, la Fiscalía resalta la explotación pericial del teléfono celular marca iPhone que le pertenecía a Jhojan David Castillo López, ciudadano de origen colombiano, hoy fallecido, a quien se lo señala como el sicario que puso fin a la vida del presidenciable.
Según una nota periodística de diario El País, de España, Castillo López estaba por cumplir 19 años de edad. Era de Cali, zona ubicada en el suroccidente de Colombia. Vivía en el barrio Lagunas y únicamente registraba antecedentes por herir de gravedad a otro chico, por lo que habría estado detenido en un reclusorio para menores entre los 16 y 17 años. El cuerpo de quien era conocido como Ito ya había sido enterrado en Cali, ciudad de la que él habría salido hacia Ecuador vía terrestre, según su familia, a trabajar en el área de la construcción.
De la permanencia en Ecuador de Castillo López se conoció pasadas las 18:30 del 9 de agosto pasado, luego de que se informara que el presidenciable y periodista de 59 años había sido asesinado al estilo sicariato en los exteriores de un coliseo ubicado en el norte de Quito, justo en momentos en que terminaba un mitin político. El ataque se produjo por el costado izquierdo de una camioneta de color gris que no era blindada.
Inicialmente se hablaba de que el cuerpo de seguridad de Villavicencio detuvo a uno de los atacantes, pero conforme pasaban las horas se conocía que el detenido era quien disparó directamente contra la humanidad de Villavicencio. El acta de levantamiento de cadáver y la autopsia médica realizada al cuerpo de la víctima determinaron como causa de muerte un “traumatismo craneoencefálico consecutivo a penetración, paso y salida de proyectil de arma de fuego, hemorragia y laceración cerebral, fractura de cráneo”, y además se explicaba que la víctima recibió disparos de larga distancia. De las varias balas que ingresaron por la ventana del vehículo, tres impactaron en el cuerpo, y una, que llegó a la cabeza de Villavicencio, fue la fatal. En su huida, Ito recibió varios disparos en el cuerpo y también fue golpeado por agentes policiales para evitar que se escapara. Ciudadanos que lo rodearon ya estando tirado en la vereda también lo golpearon. El final de los días de Castillo López se registró en el piso de la Unidad de Flagrancia, en el centro norte de la capital. Aparentemente, el extranjero fue llevado hasta allí para que una ambulancia lo recogiera y le brindara los primeros auxilios. En lo que se refiere a antecedentes en Ecuador, lo único que se conocía en ese momento es que el nombre de Castillo López aparecía en un proceso penal por el delito de tenencia y porte de armas, por el que había sido detenido en la zona de Guayllabamba, parroquia ubicada en el norte de Quito, el 18 de junio pasado, junto con otras cuatro personas más. Ahora, no solo a partir de lo encontrado en su celular, sino por las vinculaciones hechas al caso de asesinato, entre ellas la ecuatoriana Laura C. o alias Laura, se sabe que una de esas cuatro personas junto con las que fue detenido Castillo López, en junio pasado, era alias Laura. Para la Policía, esta mujer es líder de un grupo delictivo que opera en el sur de Quito, en los distritos Eloy Alfaro y Quitumbe, y en el valle de los Chillos, en el suroriente de la capital ecuatoriana, comercializando marihuana y pasta base de cocaína, sustancias que supuestamente eran abastecidas por el grupo delictivo Los Lobos. Laura C. era vigilada muy de cerca desde enero pasado, y hoy, además de por el asesinato, es procesada, desde el 2 de septiembre último, por el delito de delincuencia organizada. En la causa por tenencia y porte de armas, a Castillo López se le encontró en la cintura un arma de fuego calibre 9 milímetros, mientras que a otro de los investigados se lo observó deshaciéndose de una pistola. Laura C. y otros tres de los detenidos no fueron procesados, mientras que el extranjero, quien debía presentarse cada dos días ante la autoridad competente y tenía prohibido salir del país, no asistió por dos ocasiones a la audiencia de juzgamiento, y ahora, tras la muerte, el juez del caso busca confirmar formalmente su fallecimiento para que legalmente se extinga el procesamiento. El 8 de septiembre pasado, a un mes del asesinato de Villavicencio, la Fiscalía vinculó, además de a Laura C., a Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch., José M. y Óscar F. Ellos se sumaron a los ya procesados de origen colombiano Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. Todos mantienen orden de prisión preventiva. Según la Fiscalía, la orden para ejecutar el asesinato habría salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de uno de los ahora procesados, quien en el momento del crimen guardaba prisión en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga. El directamente involucrado con las comunicaciones con Castillo sería Carlos A., ecuatoriano relacionado con el grupo delictivo Los Lobos, quien en el momento de su detención en este caso estaba en el CPL de El Inca, en el norte de Quito. Carlos A. se mantiene cumpliendo una pena de 54 meses por un concurso real de infracciones, como tráfico de armas de fuego, tráfico de drogas y receptación. La condena fue impuesta bajo un procedimiento abreviado, el 12 de abril de 2022. Dentro del proceso por asesinato, Carlos A. presentó un recurso de apelación para revertir la medida cautelar de prisión. La jueza a cargo del caso dio paso al recurso que deberá ser tramitado por jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Se espera una fecha para la realización de la diligencia. De lo que va de septiembre, Carlos A. ha interpuesto dos acciones de habeas corpus, argumentando una serie de cambios de CPL que no le han sido notificados formalmente. En ambos casos se han inadmitido los recursos por falta de jurisdicción, pues son jueces de garantías penitenciarias quienes deberían resolver un pedido de este tipo. De momento, a la instrucción fiscal por el delito de asesinato contra Fernando Villavicencio le quedan menos de 20 días. Continúan periciándose teléfonos celulares y se siguen tomando versiones, así como otras diligencias. De no existir nuevas vinculaciones, esta fase del proceso podría cerrarse el 8 de octubre próximo. (I)