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Todo lo que se sabe de las investigaciones del crimen del político Fernando Villavicencio

Todo lo que se sabe de las investigaciones del crimen del político Fernando Villavicencio
Faltaban once días para la primera vuelta electoral de los comicios anticipados presidenciales del 2023. Era miércoles, 9 de agosto, y Fernando Villavicencio, candidato presidencial de la alianza Gente Buena-movimiento Construye, salía -pasadas las 18:00- de un mitin político en el coliseo de un colegio del norte de Quito cuando fue baleado al subirse a una camioneta doble cabina sin blindaje.
Hubo una ráfaga de disparos que muchos de los partidarios de Villavicencio confundieron con fuegos artificiales. La bala mortal le dio en la cabeza. El exlegislador y político murió minutos más tarde en el Hospital de la Mujer, a pocas cuadras del lugar del crimen, adonde lo trasladaron de urgencia sus colaboradores.
En el ataque también resultaron heridas otras nueve personas, entras ellas una candidata a asambleísta de la alianza, Gissela Molina (que fue electa), y tres agentes de la seguridad policial de la víctima.
El primer detenido de la noche fue el colombiano Jhojan David Castillo López, que fue herido durante el incidente por uno de los tres agentes ya mencionados. A él se lo habría identificado como supuesto autor material directo del asesinato del postulante. Según el relato de la Fiscalía, al sospechoso se lo subió a un vehículo y se lo transportó hasta la Unidad de Flagrancias de La Mariscal, en el norte de Quito. Tenía nueve impactos de bala en el cuerpo. Desde ese vehículo se llamó al ECU911 para que una ambulancia se traslade a Flagrancias y se atienda a los dos heridos: el presunto asesino y el policía. Pero el primero falleció en el piso de esa unidad judicial. A la par, la Policía y la Fiscalía realizaban otras diligencias urgentes. Así, en el sitio el crimen, se efectuó el levantamiento de los indicios. Los criminalistas de la Policía encontraron el arma que habría sido utilizada en el atentado, 61 vainas 9 milímetros y tres vainas calibre 2-23. El equipo antibombas de la Policía, asimismo, realizó la detonación controlada de una granada lanzada por los atacantes contra la seguridad del candidato. Luego allanaron varios inmuebles en zonas del suroeste y del sur de la capital, como Monjas, Argelia Baja, San Bartolo, Guamaní y La Ecuatoriana. En estos operativos se detuvo a los seis primeros sospechosos, todos de origen colombiano: Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., que llegaron a la Unidad de Flagrancias cerca de las 23:00 de ese mismo 9 de agosto. En las redadas se hallaron, entre otros indicios, un vehículo reportado como robado, en el cual había una maleta con fusiles, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cuatro cajas de municiones (384 cartuchos) y dos cargadores de fusil. También se encontraron dos motos. En tanto, desde el Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso deploraba el crimen, decretaba otro estado de excepción y anunciaba que había pedido la colaboración del FBI (Federal Bureau of Investigation, en inglés) en las investigaciones. En la madrugada del 10 de agosto se realizó la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra los seis sospechosos detenidos en la Unidad de Flagrancias de La Mariscal. Se los acusó del delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numerales 9 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala lo siguiente: “Art. 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido”. La fiscal a cargo del caso expuso 22 elementos de convicción levantados tanto en la escena del crimen como en los allanamientos ejecutados por Fiscalía y Policía Nacional. Entre ellos, las versiones de testigos, indicios recogidos en la escena del crimen, protocolo de autopsia, resultados de pericias balísticas, análisis de los videos de las cámaras de seguridad y otros elementos. El protocolo de autopsia señaló, de acuerdo a información de la Fiscalía, que la víctima recibió disparos de larga distancia, y el informe balístico determinó que las vainas calibre 2-23 halladas en el lugar del asesinato coincidían con uno de los fusiles encontrados en los allanamientos. El juez de flagrancias dictó prisión preventiva contra los seis sospechosos, que habrían sido los autores materiales directos. Inicialmente estuvieron presos en la Unidad de Flagrancias, luego en la Cárcel de Cotopaxi y después fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. La Fiscalía abrió seguidamente los 30 días de instrucción fiscal que prevé la legislación penal. El 13 de agosto, en tanto, el Gobierno informó de la llegada del FBI al país. “La Comisión del FBI ya está en Ecuador y ha tomado contacto con la Policía Nacional, en las próximas horas existirá una reunión tripartita con Fiscalía, que es la titular de la investigación, para determinar el ámbito de colaboración y apoyo. El primer paso, que fue capturar a los autores materiales, ya fue dado”, refirió el ministro del Interior, Juan Zapata. Entre la noche del jueves 7 de septiembre y la mañana del viernes 8 de septiembre de 2023, en la víspera del cierre de los primeros 30 días de la instrucción fiscal, la Fiscalía y la Policía realizaron varios operativos en Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi en los que apresaron a siete personas más. Cuatro de ellas, Carlos A., Laura C., Erick R. y Víctor F., fueron detenidos en los centros de rehabilitación de El Inca en Pichincha y de Cotopaxi. Los otros tres, Alexandra Ch. F., José M. C. y Óscar F., en allanamientos en inmuebles del sur de Quito. En la audiencia de formulación de cargos y vinculación, instalada la noche del 8 de septiembre, la fiscal del caso detalló los elementos de convicción contra cada uno de los imputados –que fueron obtenidos bajo técnicas especiales de investigación, como entrevistas, seguimientos y vigilancias, interceptaciones telefónicas, pericias de secuencia de imágenes, análisis de telefonía, barrido de cámaras y otros–, con los que fundamentó su inclusión en el proceso penal. Según su hipótesis, la orden para ejecutar el crimen habría salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de Carlos A., ecuatoriano relacionado con el grupo delictivo Los Lobos y que estaba detenido en Cotopaxi. Era él quien habría tenido contacto con Castillo, el supuesto sicario colombiano que murió la noche el crimen. Dentro del proceso se estableció otro tipo de relaciones delictivas entre los procesados anteriores al crimen de Villavicencio. Por ejemplo, Laura C., también con conexiones con Los Lobos para la comercialización de droga, mantenía como parte de su escolta una de las motos que fue abandonada cerca del lugar del crimen y además fue detenida meses atrás con Castillo por el delito de tenencia y porte de armas al viajar junto con tres personas más en un vehículo sospechoso por la zona de Guayllabamba, parroquia del norte de Quito. Según la Fiscalía, los siete procesados habrían cumplido labores logísticas o de provisión de recursos, armas o movilización en el cometimiento del asesinato, y también se los consideraba presuntos autores materiales. Con la vinculación de estas personas, el total de procesados subió a trece y se amplió por otros 30 días la instrucción fiscal del caso. En la segunda parte de la instrucción fiscal, luego de la vinculación de las siete personas mencionadas, la Fiscalía continuó con la toma de versiones y ampliaciones de versiones de quienes integraban la cápsula de seguridad, familiares, cercanos. Incluso la mañana y tarde del 28 de septiembre rindieron por primera vez una versión varios de los procesados que se encontraban cumpliendo su orden de prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, que inicialmente se habían acogido al silencio. La tarde de ese mismo día, el Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de $ 5 millones por información que lleve al arresto y condena de los conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato. El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Antony Blinken, a través de la red social X, “como demostración de su compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado”. Bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada, Estados Unidos también hizo una segunda oferta de recompensa de hasta un $ 1 millón por información que identifique y localice a “individuos que ocupen un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio de Villavicencio”. Otro de los pedidos de la Fiscalía fue que personajes cercanos a Villavicencio entreguen sus teléfonos celulares. Algunos al principio se negaron, pero luego acudieron voluntariamente a entregarlos. Entre la tarde del 6 de octubre y la mañana del 7 de octubre, cuando faltaban pocas horas para el cierre de la ampliación de la instrucción fiscal, siete de los procesados en el caso fueron asesinados en los centros penitenciarios en los que estaban recluidos. Los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. murieron en la Penitenciaría del Litoral, y José M., en el CDP de El Inca. Las autoridades no han dado detalles de estos incidentes, aunque el diario El Tiempo, de Colombia, señaló que los primeros habrían sido encontrados ahorcados. Estos hechos obligaron al presidente Lasso a suspender su visita oficial a Corea del Sur. La mañana del 8 de octubre convocó a un Gabinete de Seguridad, en el cual se resolvió trasladar a los seis procesados que aún están con vida para proteger su integridad, reorganizar a la cúpula policial, remover a Luis Ordóñez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), y presentar una denuncia penal contra José M., director subrogante de la Penitenciaría del Litoral. Una de las últimas diligencias solicitadas por la Fiscalía, al cierre de la instrucción fiscal, fue el testimonio anticipado de un supuesto testigo del hecho que identificaron durante las investigaciones. Tras los crímenes de los siete procesados, la Fiscalía pidió a la jueza de la causa que autorice esa diligencia de forma urgente. A lo que ella accedió en una providencia emitida a las 23:35 del 7 de octubre. Esta se convocó para las 11:30 del domingo 8. El testigo dio su declaración en la Cámara de Gessel del Complejo Judicial Norte de Pichincha, donde estaba previsto que lo acompañe un psicólogo de la Unidad Penal. Pasadas las 21:00 de ese mismo día, la Fiscalía emitió un comunicado en sus redes sociales en el que anunció el cierre de la instrucción fiscal e informó de manera escueta “que durante la mañana y tarde de hoy se receptó el testimonio anticipado de uno de los testigos del hecho quien, bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y los montos ofrecidos por los autores materiales. Además, señaló a los que habrían dado la orden para cometer el crimen”. Al poco tiempo, el periodista Christian Zurita, amigo personal de Villavicencio y quien lo reemplazó en la candidatura presidencial, tuiteó que el testigo señaló bajo juramento que el responsable del asesinato de Fernando Villavicencio “es el gobierno de Correa. Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar. Es su fin”. “El valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando fue 200.000 dólares. Existió un primer intento el 1 de junio en la gran caravana de Santo Domingo, lo concretaron el 9 de agosto. El responsable es ‘el gobierno de Correa’, dice el testigo bajo juramento”, posteó el comunicador. En tanto, el expresidente Rafael Correa reaccionó en redes a la publicación de la Fiscalía. Retuiteó el boletín de la institución con el siguiente mensaje: “Se los dijimos: asesinaron a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre, 5 días antes de las elecciones. Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria”. Luego, el movimiento Revolución Ciudadana publicó un comunicado en el que rechazó la versión de Zurita. “La seguridad de Villavicencio estuvo a cargo del Gobierno de Lasso y lo asesinaron, la vida de los autores materiales del asesinaron estuvo a cargo del SNAI (Gobierno de Lasso) y los asesinaron, sin embargo y aún en contra de toda lógica resulta que, manipulando la opinión pública, la culpa es nuestra que dejamos de ser gobierno hace 7 años”, señaló el boletín. La agrupación cuestionó el “uso proselitista” que, su criterio, se le está dando tanto al crimen de Villavicencio como al asesinato de los siete procesados que fueron asesinados en los últimos días. Y también rechazó “cualquier tipo de acusación malintencionada” sin pruebas y sin sustentos que quiera atentar contra la democracia en vísperas de la segunda vuelta electoral, que será el 15 de octubre próximo. (I)