La muerte de siete procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio generará la extinción de la acción penal en tres causas

La muerte de siete procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio generará la extinción de la acción penal en tres causas
Con la muerte de los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y el ecuatoriano José M. en los procesos penales en los que eran investigados por delitos como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tráfico de drogas a gran escala y delincuencia organizada, se deberá declarar la extinción del ejercicio de la acción penal.
Los siete fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (seis extranjeros), y en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito (un ecuatoriano), entre el viernes 6 y el sábado siete de octubre pasados.
Los asesinados eran parte de la instrucción fiscal que cerró el 7 de este mes, luego de cumplirse los 60 días de esta etapa abierta el 10 de agosto pasado, un día después de que fue asesinado al estilo sicariato el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. Villavicencio fue atacado pasadas las 18:30 del 9 de agosto último, en momentos que salía de un mitin político realizado en un coliseo ubicado en el norte de Quito.
Los seis colombianos fueron parte del primer grupo de detenidos en este caso, mientras que José M. fue una de las siete detenciones producidas un mes después de iniciado el proceso que investiga a quienes participaron directa e indirectamente en el asesinato de Villavicencio. Concretado el fallecimiento de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y José M., por el delito de asesinato, lo que resta es que los certificados de defunción sean ingresados en el proceso para que formalmente se concrete lo que en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se define como extinción del ejercicio de la acción penal. Dentro de las cinco circunstancias que prevé el COIP para que se dé la extinción de la acción penal, en la número cuatro se especifica que el ejercicio de la acción penal se extinguirá por la muerte de la persona procesada. Entre otras de las circunstancias establecidas están la amnistía, la remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción, en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción, una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal y la prescripción. La causa por asesinato continuará únicamente contra quienes siguen con vida, es decir, Laura C., Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F., todos detenidos el 8 de septiembre pasado y vinculados horas después. Luego del asesinato, por seguridad, los seis restantes sospechosos fueron trasladados a CPL en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El proceso penal que será afectado enteramente es el que se les abrió a Andrés M., Neider L., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. por el delito de tráfico de drogas a gran escala. Esta causa se abrió en paralelo al caso por el asesinato de Villavicencio, pues en los allanamientos realizados para detenerlos en Monjas, La Argelia, San Bartolo, La Ecuatoriana y Guamaní, ubicados en el sur de la capital, se encontró en su poder cierta cantidad de droga que ameritaba ser procesada bajo el artículo 220 numeral 1, literal d, del COIP: tráfico a gran escala. Una vez que se cerraron los 30 días de instrucción fiscal, el juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, tres días antes de que se conozca el asesinato de los seis extranjeros procesados, definió que el 8 de noviembre próximo debía instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La diligencia ya no se dará y el proceso deberá archivarse al no existir persona alguna a la que haya que imputar un hecho delictivo. La causa que se quedará sin los procesados Camilo R., Adey G. y Jules C. es en la que se les iba a acusar, junto con Byron G. y Luis P., del delito de delincuencia organizada. La carátula de la causa penal se abrió el 19 de septiembre pasado, cuando los colombianos estaban cumpliendo la orden de prisión preventiva y eran procesados por asesinar a Villavicencio. Por pedido de la Fiscalía, la audiencia para la formulación de cargos en este último caso fue definida para el 23 de octubre próximo, a las 09:00. Tras la muerte de los tres colombianos, el procesamiento solo irá en contra de Byron G. y Luis P. (I)
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